Lo que está en juego no es solo el futuro de una dirigente política. Lo que está en juego es la vigencia de la democracia misma en nuestro país. Lo que vivimos no es un proceso judicial: es una operación política. Esta causa, viciada desde sus orígenes, sin pruebas reales y con jueces abiertamente parciales, busca castigar ideas y disciplinar proyectos.
Cristina no fue juzgada por hechos, sino por su historia, por su compromiso con el pueblo, por haber enfrentado al poder económico concentrado y haber ampliado derechos en favor de las mayorías. Y eso, para ciertos sectores, es imperdonable.
El llamado “partido judicial” ha dejado de disimular su rol: no actúa como garante de la Constitución, sino como brazo ejecutor de los intereses corporativos. Condiciona candidaturas desde los tribunales, impone límites a la política con fallos redactados fuera de los marcos de la legalidad democrática.
No estamos frente a un caso aislado: es una persecución con mensaje disciplinador. Si avanzan con una, irán por todos. Quieren borrar del mapa electoral a quienes defienden un modelo nacional, popular y soberano. Quieren decidir con sentencias lo que no pueden ganar con votos.
Cristina representa mucho más que un nombre propio: representa un proyecto de país, una memoria colectiva, una esperanza para millones. Por eso la quieren proscribir.
Desde el Partido Justicialista de Tierra del Fuego AIAS decimos basta de atropellos. Reivindicamos la soberanía del voto popular como único camino legítimo para definir el rumbo de la Nación. Y exigimos el cese inmediato de toda persecución judicial contra dirigentes del campo popular.
Cristina no está sola.
El pueblo sabe quién es quién. La historia también.
